EXCEDENCIA DE ALTOS FUNCIONARIOS.
Noticias de agencia informan que casi el 50 % de la
plantilla de Abogados del Estado están en excedencia. Son unos 700, por lo que
realmente sólo trabajan 350 en funciones para lo que ganaron una oposición con los
que Estado ha debido invertir en formarlos y potenciarlos profesionalmente.. Parece que esta es una línea de actuación de
otros cuerpos de élite como Inspectores de Hacienda, de Trabajo, jueces, etc.
Lógico que se les conceda la excedencia si han sido elegidos diputados, concejales
u otros cargos públicos. Pero lo que tiene
tintes de fraude es que cuando deciden
pedir la excedencia para ocupar un cargo en la actividad privada, tengan el
puesto asegurado en la Administración si les place volver a ella sin ninguna
traba ni limitación. He ahí el origen del desorden y de la lentitud de los servicios
públicos que tienen sus organigramas definidos y el personal asignado, pero que
en la realidad existen las vacantes de
los que están en excedencia. Es evidente que los funcionarios, como cualquier
ciudadano puede cambiar de trabajo cuando le interese en función de sus deseos
privados legítimos, pero debe entenderse que los derechos individuales deben estar
supeditados a los de la colectividad. Por tanto, la Administración tendría que
fijar las normas para que este derecho prioritario no se vea vulnerado por los
de los funcionarios que deseen la excedencia. Debería arbitrarse una salvaguardia
disuasoria para el continuo flujo de técnicos cualificados de la pública a la privada
y viceversa. Es necesario exigir al que desee retornar como funcionario que deba
volver a ganar la oposición, añadiéndosele un plus de discriminación negativo a
la hora de la evaluación en su resultado
final. El sistema de “puerta giratoria”
para los altos funcionarios supone degradar la calidad del servicio a los
ciudadanos que son los que pagan sus sueldos, en cambio reciben sus servicios
deficientemente por un mal entendido sentido de la libertad individual de los
funcionarios, sin entender bien que “su
misión es servir a los ciudadanos” y no servirse de ellos para su provecho
exclusivo. El escalón superior de los funcionarios forman una casta de
privilegiados intocables que tienen en sus manos el poder de colapsar la
Administración pública cuando lo crean
conveniente. Slogan de Arias Cañete: “La Administración española es
manifiestamente mejorable”.
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