GARCIA CASTELLON MINTIO A SUS COLEGAS FRANCESES.
Es su propia confesión; en Publico aparece un amplio reportaje exponiendo el fantástico relato que costaría creer, pues de ello deberían derivarse consecuencias disciplinarias para depurar sus responsabilidades. No es el primer caso en el que este juez actúa en los márgenes de su misión profesional, pues hasta la justicia suiza ha rechazado su euroorden para extraditar a Marta Rovira. Pero el caso es tan flagrante que serán los órganos jurisdiccionales los que actúen de oficio e investiguen sus declaraciones. Es la actuación de este magistrado de la AN empeñado en bloquear la Ley de Amnistía que el gobierno de Sanchez está diseñando para aplicarla a Puigdemont y retorne del exilio en Bruselas donde es diputado por Junts y que Garcia Castellón está valiéndose de subterfugios para extraditarlo a España y juzgarlo por convocar el referéndum del 1 O. Su protagonismo está provocando tal caos en las cúpula de la justicia española, que los órganos jurisdiccionales de la UE no son capaces de forzar la renovación del CGPJ que lleva caducado 5 años y no desarrolla ni siquiera sus funciones cotidianas por falta de cuórum porque sus miembros se hallan en rebeldía y el gobierno es incapaz de imponer la ley y el régimen disciplinario, pues Sanchez y su ministro de justicia están paralizados por falta de coraje acosados por la agresividad y obstruccionismo del PP que está utilizando a la justicia para derribar el gobierno legítimo apoyado por los jueces estrella que imponen la línea de extrema derecha en la judicatura, pues se ha echado al monte, segando la hierva bajo los pies de los diputados bloqueando las iniciativas legislativas ante los tribunales con disculpas para imponer una política corporativista de defensa de la justicia heredada del franquismo. Pero la confesión del juez García Castellón de haber mentido a sus colegas franceses provoca unas consecuencias que rebasan discrepancias en la interpretación de la legislación internacional y afectan a los principios de la justicia. El panorama está mostrando un grave descrédito en la cúpula de la justicia española entre la ciudadanía y es urgente solucionarlo si se quiere evitar que la UE tome medidas sancionadoras.