LA JUEZA AMIGA DEL PP

 LA JUEZA AMIGA DEL PP.

Produjo escándalo la noticia de que en  el PP  destruyeron los discos duros de un ordenador que contenía información sensible sobre las finanzas del partido, especialmente relacionadas con la contabilidad B. La jueza ante la que se presentó la denuncia por  destrucción de  pruebas judiciales, lo solucionó de inmediato, pues sin  comprobación alguna ni abrir diligencias se limitó a archivar el caso, aunque ello supusiera un delito, tanto por parte del PP como de la jueza por no ordenar de oficio su investigación. Gracias a la constancia y sentido de la justicia de los denunciantes que  recurrieron  el auto de archivo, un juzgado ha abierto de nuevo diligencias. Sea cual sea el resultado, lo que sorprende es la decisión de la jueza que sobreseyó el caso y que a pesar de su negligencia se ignora si será objeto de diligencias contra ella por parte del Poder Judicial. Porque ante la opinión pública su actitud tiene muchas aristas que deberían ser aclaradas por si ha incurrido en delito de prevaricación y porque evidencia  desprecio por el cumplimiento de la legalidad de la que los jueces deben ser los custodios. No es la primera vez que salen a la luz este tipo de anomalías que quedan impunes: No se encausó a Aceves después de asegurar que no conocía al arquitecto que hizo las obras de la sede del PP,  aunque quedó demostrado su falso testimonio con  fotografías  que lo evidenciaron. Un fiscal no abre causa por la aceptación por parte de Hacienda de  facturas falsas aportadas por la Infanta Cristina. Rodrigo Rato se pasea  por las calles a pesar de que está encausado en varios sumarios y puede destruir pruebas, cuando otros que se les acusa de delitos menores están encarcelados desde el momento en que fueron procesados. A la Infanta Cristina la fiscalía no sólo no le acusa, sino que   está tratando de eximirle del juicio, mientras, Hacienda no le acusa aduciendo que no se siente perjudicada. Curioso criterio, ‘puesto que ha defraudado importantes cantidades a pesar de que a la abogada del estado que actúa en nombre de la Hacienda le parece un simple slogan publicitario que “Hacienda somos todos” y que carece de relevancia como prueba judicial..Tanta desfachatez ante un tribunal con una justicia independiente sería motivo de inmediato expediente de suspensión de empleo y expulsión del cuerpo.