CORRUGADOS AZPEITIA.
Un grupo industrial está dispuesto a adquirir las instalaciones de esta empresa inactiva desde hace años, que podría crear 150 puestos directos y hasta 700 indirectos. El Gobierno Vasco ve el proyecto con interés, dado su proverbial política desarrollista a ultranza. El ayuntamiento de Azpeitia, sin embargo, argumenta que el plan urbanístico no lo permite, pues los terrenos de esta factoría están declarados zona residencial y que las nuevas industrias tendrían que ir a un nuevo polígono. Los inversores rechazan esa alternativa, pues multiplicaría por cuatro el coste de la inversión y la haría inviable. El Departamento de Industria del GV considera que la inversión debería ser posible si hay voluntad, pues es un asunto de contenido político, y- argumenta- desde el punto de vista legal no existe ninguna limitación si se analizan las normas y planes con flexibilidad. Sorprende esa visión interpretativa de la ley que propone, pues contradice la que se invocó para apoyar a La Naval y evitar el cierre como así ha sucedido. En aquel caso se trataba de hacer una “interpretación flexible” del sistema de financiación de la construcción de los buques a través de las "Tax Lease", pues las autoridades europeas admitieron los criterios de los gobiernos de Francia, Holanda y de algún otro país. También en el astillero se trataba de mantener más de 200 empleos directos y otros 2000 indirectos en la zona. El GV suele pecar de ingenio y bisoño. Sólo habría que haber puesto el contencioso en manos de los servicios jurídicos que solucionaron los casos de los países que ganaron los pleitos. El GV propone en el caso de Corrugados Azpeitia una solución política, cuando existe una ley precisa que fija unas normas legales que el ayuntamiento debe cumplir y las interpretaciones políticas "flexibles" son revocadas en Bruselas. Las argucias a la hora de “interpretar” las leyes es el origen delprestigio de que España haya creado escuela de la picaresca que nos coloca a la cabeza en el ranking de los tribunales europeos de sentencias revocadas.
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