DEL PRESTIGIO DEFRAUDADOR AL TERROR FISCAL
Hasta principios de la crisis el asesor fiscal de prestigio
era el que lograba que su cliente pagara lo menos posible, de acuerdo o no con
las leyes. Defraudar constituía el deporte nacional y los evasores alardeaban
de sus hazañas. Con la ayuda y colaboración de los inspectores que recibían
instrucciones de los políticos para que fueran benevolentes y en su caso, que
la sanción fuera “asumible”. .Habrá que
matizar que esa prudencia era de aplicación sólo en los casos de propietarios de grandes fortunas que
amenazaban con llevárselas a paraísos fiscales, pues con el contribuyente de a
pie no había misericordia: leña hasta que cante. Los buenos propósitos vinieron con la amnistía fiscal de Montoro para evitar
que los defraudadores declararan ante los tribunales: fue tan obsceno, que el
asunto adquirió dimensión internacional evidenciado que España era un paraíso
fiscal, donde los impuestos los pagan los que no pueden evadirlos, aunque la
conciencia de todos los españoles sea
que pagar impuestos es un anacronismo
de países sin la picaresca que nos
prestigia. La UE, tan discreta y
permisiva con las políticas fiscales de los estados envió a los hombres de negro a revisar las
cuentas públicas, emitiendo informes muy
negativos sobre la fiscalidad española, obligando a los jueces a denunciar a infinidad de evasores y defraudadores convirtiéndolo en información periodística con mayor relevancia que las
bodas de aristócratas, tonadilleras o futbolistas. Aunque los jueces actúan con
exquisita prudencia para preservar la presunción de inocencia de los
defraudadores, no la de los robagallinas que se presumen culpables. Ahora ese celo de jueces e inspectores se ha
transformado en furia punitiva y recaudadora, persiguiéndose al autónomo que emita una factura sin IVA o al parado que tiene
una chapuza y trabaja un fin de semana en un bar cobrando en negro, somiédole a escarnio público. En este país opera la ley del péndulo: se pasa
de la permisividad total para los defraudadores, a la fanática represión en casos de flagrante necesidad en los que la
aplicación estricta de las leyes
constituye una injusticia social para colectivos que han cometido el delito de
estar en paro, tener una familia que alimentar y una hipoteca para financiar su
vivienda que le ha sido embargada, pero conservando la deuda.
