ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE PRECIO DE LA LUZ:
Los principales accionistas de las eléctricas españolas son fondos de pensiones que invierten para ganar dinero, por ello el gobierno es ingenuo cuando suplica a las eléctricas. Las tarifas están diseñadas para desorientar al consumidor a través del Mc Afee de los algoritmos que es humo del oligopolio con fisonomía científica y que producen los resultados prefijados por los inversores . Las tarifas se ajustan escrupulosamente a las leyes, pero son injustas porque favorecen a la minoría de los poderosos a costa de empobrecer a la mayoría que son los abonados. Un estado que plantea un servicio público en estas condiciones no es legítimo, pues el bien común está por encima de todas las leyes, tribunales y constituciones. El sistema de precios marginalista a pesar de todos los avales de reconocidos expertos es una estafa envuelta en abalorios, pues es la forma científica de extraer renta de sus abonados que impone el oligopolio generador-distribuidor con la connivencia de los poderes públicos que se limitan a legitimarlas en el BOE a cambio de cobijar en sus Consejos a políticos en pago de servicios prestados. La soberbia del lobby eléctrico es torpe, pues plantea una política de enfrentamiento con el estado por aventurarse a implantar tenues cambios reduciendo los ingresos fiscales que graban la energía, es decir, protegiendo su negocio. Pero matizando los “beneficios caídos del cielo” (Windfall profits) que son expresión chulesca de su desprecio por el sacrosanto “mercado” al que utilizan para desacreditar al gobierno y a sus propios abonados. El gobierno está cohibido y sin coraje para ejercer su función de control de las fuerzas del mercado y proteger a las mayorías de la presión de los poderosos que explotan bienes de propiedad pública a precios simbólicos como los pantanos, acepta sumiso el sistema tarifario diseñado por la patronal y carga al consumidor al precio más elevado de todos los componentes de todos los que forman el mix, con lo que si ello se considera legal es que la ley que lo ampara es injusta y hay que revocarla en el parlamento. El gobierno no se atreve a crear una empresa pública de electricidad que regule el mercado como en todos los países avanzados. Como explicaba ironizando un conocido crítico francés, para entender el embrollo de los precios en el oligopolio, aconsejaba no ser expertos en economía ni en tecnología sobre electricidad, pues es jugar en campo ajeno donde ganan siempre. Es preferible informarse de la dinámica subrepticia de las relaciones entre el gobierno y las eléctricas, aprendiendo a leer entre líneas el lenguaje críptico. que no quieren que los ciudadanos descubran lo que no conviene a la patronal. Confiar en exceso en el gobierno es arriesgado, pues de Guindos juró que el rescate a la banca no costaría ni un euro. También Aznar aseguró que la privatización de las eléctricas reduciría los precios. Ingnuos?
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