INTERFERENCIA DEL TSJPV EN LA SANIDAD.
La intervención de la justicia en ámbitos que les son ajenos, que los jueces carecen de conocimientos y se permiten aplicar leyes que interfieren en la política sanitaria cuyo control corresponde al ejecutivo vasco especialmente en estos momentos críticos de pandemia, supone un paso más en su invasión de facto en el gobierno. Es difícil asumir que en una emergencia mundial en la que se está arriesgando literalmente la vida, un servicio público cuya misión es impartir justicia se haya atribuido la facultad de controlar a los expertos en sanidad que en estos momentos críticos su máxima prioridad es solucionar la pandemia contra la cual trágicamente sólo existe la alternativa de prueba- fracaso con escaso éxito a la vista de los resultados. Los profesionales de la sanidad están al límite de sus fuerzas luchando contra el avance imparable de la pandemia. La ciudadanía rechaza las actitudes arrogantes de los jueces del Supremo o de tribunales superiores cuando pontifican que protegen el derecho fundamental de la libertad, cuando es evidente que prioritario al citado es el derecho a la vida que está en riesgo. Deberían empeñarse en defender derechos fundamentales como no ser torturados, el de la vivienda u otros consagrados en la Constitución que se mencionan con oportunidad o sin ella. Seguramente esta interpretación les parecerá heterodoxa dada su habitual actitud mayestática, pero la ciudadanía no quiere morir y necesita soluciones y no disquisiciones jurídicas que retrasan las medidas sanitarias que esas son para ellos decisivas. Además, tribunales de diferente comunidades están emitiendo sentencias opuestas a las de otras sobre los mismos casos, mientras los contagios y las muertes no cesan de crecer, lo que parece que no concierne a los jueces, cuando es un principio esencial de la justicia que las sentencias tienen que atender a la realidad social vinculadas al entorno en que se emiten.
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