ORDEN PUBLICO Y DEMOCRACIA.
No cabe duda que el paradigma del orden público es un
fracaso lleno de errores, no cumple con
su misión, es un despilfarro insostenible y no genera paz a la población
Recuérdense los casos GAL, Kabakas, o Unai
Romano o los Beltzak actuando con saña, ocultos tras antifaces, aporreando a mujeres, niños y ancianos. Los medios
de difusión agobian a la población continuamente discutiendo sobre si la
policía y guardia civil aquí desplegados son los adecuados y si se marcharán según previene el Estatuto Vasco. El gobierno español enfatiza que ejerce
la soberanía en el País Vasco mediante agresivos
controles de carretera. Así se populariza
entre la población vasca. Nada menos que 3214 controles en el año 2014, de
ellos 3000 de la Guardia Civil. El patriótico ministro del Interior periódicamente
manda el mensaje de que las FOP jamás
saldrán del País Vasco..La ciudadanía soporta crispada tantos “ángeles protectores”, que provocan
temor y rechazo. Los datos son elocuentes, según información
oficial: nos protegen 1.416 policías nacionales y 2.704 guardias civiles. O
sea, 3720 celosos vigilantes. Hay que
añadir, además, una legión de 7734
ertzainak que, a juicio de la Consejera de Interior, deben ser pocos, pues se está negociando con
Madrid una ampliación. En total son 11.454 custodios, que según estadísticas
internacionales, tenemos la gloria de ser el país con más fuerzas por Km2 de
Europa. En algo somos campeones. Para
visualizar el dato, sería como si en Azkoitia o en Sopela, ciudades con población equivalente, todos sus habitantes
fueran policías. Parece que no son conscientes nuestras autoridades del costo de sus elevados salarios, la
infraestructura y el equipamiento que requieren. Estos reducen los de otros destinos sociales, como la educación,
sanidad o de la atención a la población sin ingresos.. Con una parte de esos fondos habría suficiente para solucionar
estas situaciones, en especial la de educación. Precisamente con esos fondos
debería formase en psicología y
humanismo a ese ejército policial a los que en la actualidad se les enseña a
aporrear a la ciudadanía en manifestaciones o en realizar desalojos de familias.
Una población con educación cívica no necesita ser vigilada por tanta fuerza
bruta, pues la educación es la mejor inversión, aunque les parezca una fantasía
a los políticos.
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