LA NUEVA LEY DE LA VIVIENDA EN EUSKADI
El Parlamento Vasco ha aprobado la Ley de la Vivienda, con
un carácter marcadamente progresista ,lo que va a suponer que se reconoce a la
población el derecho subjetivo a disponer
de una vivienda digna. Es el punto más significativo. Ha sido aprobado, pero
con los votos en contra del PNV y el PP. Respecto a su contenido, el Gobierno
Vasco se ha apresurado a declarar que el cumplimiento de la ley va a exigir
anualmente 60 millones de € y que provocará
efectos negativos en los presupuestos, pues habrá que detraerlos de
otras partidas. Que el PP rechace una ley que tratará de solucionar la situación angustiosa de las
personas que no tienen acceso a la vivienda o que haya sido desahuciado de
ella, en cierto sentido parece que es la lógica que corresponde a sus principios
de un neoliberalismo sin entrañas. Pero que el Gobierno Vasco aduzca falta de
medios financieros, además de sorprendente, dado su voluntad y su habitual sentido de la justicia, muestra una
gran falta de sensibilidad, pues lo lógico debiera ser motivo de satisfacción
al disponer de un texto legal que le permitirá enfrentarse a tanta miseria y
carencias de los menos favorecidos. Es evidente que tendrá que sacar los 60
millones de donde sea, como se hace habitualmente para contratar obras públicas
faraónicas, crear un ejército de
ertzianas o abonar los altísimos costes financieros de deudas y préstamos. Y si
hay que subir los impuestos, que no les tiemble el pulso y adelante.. Que
cualquier gasto de la administración debe
ceder la prioridad para cobertura urgente de un derecho tan básico como es la
vivienda para los que no pueden disponer de ella por sus medios. Seguramente
habrá muchas razones que dificulten la disposición de partida tan significativa, pero que haya familias en la calle, sin posibilidad del más
básico derecho a cobijarse bajo techo, tiene que otorgársele la máxima
prioridad. Hay que exigir a las instituciones públicas que sin disculpa ni
retraso, realicen las gestiones necesarias para seleccionar la partida
económica necesaria para el más estricto cumplimiento de la ley. Es una
obligación irrenunciable de la comunidad. Al mismo tiempo debería ser motivo de
satisfacción porque será un instrumento eficaz para mostrar que nuestro
gobierno gestiona los recursos públicos con eficacia y sin paternalismos.
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