EL SAINETE DE LOS MILITARES

EL SAINETE DE LOS MILITARES.

La Ley de Jurisdicciones, que estuvo en vigor en 1906, 1031 y que regulaba las relaciones entre el poder civil y el militar, ha sido tradicionalmente una cuña de los ejércitos para imponer su autonomía y eludir ser controlados por los  diversos gobiernos. Tienen su código de justicia, la endogamia es la base para seleccionar sus propios mandos y disponen de los medios financieros para su independencia presupuestaria. Decía un ministro de finanzas inglés que a los militares había que proveerlos de los fondos que necesiten para sus juegos, y así evitar que se revelen contra el poder constitucional. En los países con cultura democrática consolidada la milicia está sometida al poder civil. Pero en  los que es escasa, las instituciones militares poseen gran influencia y son más  que respetados, temidos  por los gobiernos. Hasta tal punto  imponen su presencia y mediatizan la vida de la ciudadanía, que se les reserva en sus constituciones  misiones específicas,  atribuyéndoles la de actuar en los casos en los que bajo su criterio exclusivo consideren que la sociedad así  lo requiere. La Constitución Española les dedica nada menos que todo el Capítulo VIII para mediatizar la vida del país. Por tanto, actualmente,  la tan denostada  Ley de Jurisdicciones se halla  en vigor como norma fundamental. Esa autonomía es la permite sentencias anacrónicas que amparan  la impunidad de altos mandos denunciados por acoso sexual a personal femenino militar. Además de casos de  jerarcas que al pasar al retiro, en su despedida se permitan discursos incendiarios amenazando con alzarse en armas contra el poder legítimo si consideran que los principios que ellos deben  defender están en peligro. En tales situaciones, el gobierno se limita a  notas de prensa escuetas y vaporosas condenando los excesos verbales, pero sin consecuencias ni sanciones que supongan merma alguna de sus derechos. Ya lo avisaba Bertrand Russel cuando afirmaba que “los problemas del mundo no se solucionarán mientras no se aborde el   militar”. Se refería al gasto militar que exige la reducción en detrimento del  social; además de riesgo permanentes al disponer de armas que pueden utilizar a su libre albedrío para bloquear las decisiones democráticas de la ciudadanía.