“DERECHO SUBJETIVO” A LA VIVIENDA
La Constitución Española reconoce entre los derechos que
todo ciudadano tiene, a disponer de una vivienda y que sea digna. Autoridades
de la CAPV estiman que el costo de ese
derecho entre los años 2015 y el 2025 se
elevaría a 715 millones de €. Según su
criterio. es una cifra inasumible por las instituciones públicas vascas, por
tanto, ese “derecho subjetivo” no es de aplicación por falta de medios
financieros y la ciudadanía no podrá satisfacer esa necesidad primaria. No
parece una cantidad desmesurada, pues supondría 70 millones al año. Teniendo en
cuenta que los afectados son personas en extrema necesidad, se entiende mal que no se le dé prioridad máxima sobre otros
gastos menos urgente. Son tan
perentorias y de tal impacto social, que sería lógico que se detrajeran de
cualquier otra partida presupuestaria, quizá de obras faraónicas sin sentido o
de gastos superfluos. Está visto que los
que necesitan una vivienda en situación extrema son gente insignificante y se
les pueden poner disculpas mil para convencerles de que deberán esperar a que mejore
la coyuntura. No sería lo mismo si fueran fondos para ayudar a partidos, para
pagar sueldos a asesores, para clubs náuticos o para el AVE. Si no hay fondos, se
deberían endeudar las instituciones, pues lo han hecho para otros destinos
menos críticos. Los que tienen problemas de vivienda no forman un lobby ni
ningún partido lo lleva en su programa electoral para que pueda tener arrastre
en la urnas. Las Cajas no tienen dinero
para gente con escasos recursos económicos como para que merezca la pena invertir
en ese gasto tan “exagerado” y poco rentable. Como ahora se han convertido en
bancos, habrá que eliminar las “limosnas” que tradicionalmente ofrecían las
Cajas, pues los nuevos socios han
invertido en sus capitales para obtener beneficios y dividendos. Que se olviden
de “fundaciones” que tienen el riego de
que vuelvan a repetir la función social de las cajas y montes de piedad que han
sido transformadas en bancos por imposición de las autoridades europeas, pues
aducen que fueron las culpables de la crisis financiera y que ha habido que
rescatarlas con fondos públicos.
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