SOLUCIONES URGENTES PARA LA CRISIS

Soluciones urgentes para la crisis.

 “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia” Montesquieu

Para solucionar la crisis lo  urgente es ser conscientes  y actuar en consecuencia. Que la ciudadanía sepa que la crisis es general y afecta a todos. Señalan los expertos que la crisis ha  disminuido un promedio del 25% la riqueza  de los ciudadanos. Promedio, es evidente, significa que a algunos esa disminución  sea del 100% y para otros  un incremento en su riqueza. Primera premisa ineludible. Segunda: No promulgarse nueva legislación, es suficiente la que está en vigor. Simplemente tiene que hacerse cumplir porque para eso se legisla, si no, deberán derogarse.. Potenciar la demanda interior a base de elevar  sueldos y salarios,  reducir los impuestos indirectos sobre la generalidad de los productos, pero elevando los que gravan los de lujo. Se deberán subir los tramos altos de los directos y reducir los inferiores e intermedios. El impuesto de sociedades no deberá   tener objetivos recaudatorios, pues dificulta la competitividad  de las empresas que son las que crean empleo. Los beneficios que obtengan mientras dure la crisis estarán no exentos de tributar por sociedades, pero la cuota resultante no se ingresará sino que será  reinvertida  en su totalidad en nuevos equipos y para contratar personal. Por tanto, no se permitirá reparto alguno de dividendos durante el tiempo de vigencia de esas medidas excepcionales. Los sueldos altos deberán reducirse temporalmente en un 25% de promedio. Si falta liquidez o las condiciones de los mercados son excesivas, habrá que darle a la maquinilla, pues la inflación está controlada, dado que las empresas desaparecen por falta de crédito. A los funcionarios exigirles mayor eficacia, reducirles los sueldos y eliminar los privilegios de estabilidad en el empleo, como sucede a los trabajadores restantes. Y, puesto que ellos se consideran servidores públicos, que lo demuestren anteponiendo el bien común al de cada uno individualmente. Hay que asumir que la calidad de la enseñanza y la de la sanidad se deteriorán. Es una consecuencia lógica derivada de la crisis cuyos efectos deberán ser repartidos equitativamente, lo que no significa que no deba tenerse en cuenta el principio económico-social de igualdad diferencial.. Habría que quitar la careta a colectivos que se consideran a sí mismos selectos, que al ver acosados sus privilegios se defienden apelando al bien común, cuando ellos han guardado silencio absoluto si  no les afectaban argumentando  sus derechos  inalienables al haber obtenido sus puestos en duras oposiciones. Para duras, las condiciones laborales generales que  soportan los más de seis millones de parados y los casi veinte millones de ciudadanos que se encuentran inmersos en la pobreza. Hay que implantar una tasa a toda transacción financiera que no suponga  creación de riqueza para la colectividad. Para ello se implantaría una guía que muestre  el origen de toda transacción, tanto nacional como planetaria, de forma que la falta de tal exigencia impedirá formalizar la transacción y la consecuente actuación de oficio de la inspección del organismo oficial de control. Se reduciría al 50% el número de policías, ertzaintza y demás cuerpos armados. Se sustituirían por un único cuerpo civil, cuyos miembros actuarían sin armamento, que deberán ser polivalente en todas la áreas, de manera que actuarían en caso de incendios, con eficacia y capacidad de diálogo y convicción a la hora de controlar aglomeraciones,  actuando con psicología puesto que deberá ser esa su más eficaz arma.  Deberán poseer amplios conocimientos de medicina como para poder solucionar problemas de salud que se presenten súbitamente. Se trataría de un cuerpo con una alta formación intelectual y moral, cuyos miembros estuvieran acreditados ante la comunidad por los frutos de sus actuaciones..

El número de jueces se deberá reducir paulatinamente hasta el 50%  y ser sustituidos por jurados de ciudadanos que humanicen la justicia, Dichos jurados serán auxiliados por jueces para su asesoramiento.. La corrupción deberá corregirse con la sola aplicación de la legislación vigente y deberán tener sentencia en el plazo máximo de seis meses, aunque adolezcan de no ser tan garantistas como se presume hasta ahora, pues así se eliminarían las astucias procesales que permiten eternizar las sentencias con la connivencia de los jueces. El objetivo sería invertir la composición de la población reclusa en el sentido de que la proporción de los corruptos y defraudadores llegara a ser la de los culpables de delitos comunes en la actualidad. Por otra parte .los condenados por corrupción o por delito fiscal, una vez cumplidas las sentencias  permanecerán encarcelados hasta que hayan reintegrado las cantidades sustraídas o defraudadas. Otras medidas se deberían implantar relacionadas con las estructuras y con organismos innecesarios o duplicados, pero no tendrían el carácter  de emergencia para emprenderse en esta fase.