TRIBUNAL SUPREMO:
MORIR DE ÉXITO.
Ha empezado el juicio del Procés después de analizar expectativas, riesgos y
llegar a la conclusión de que será el medio para recuperar el prestigio perdido
por los espectáculos de las FSE el 1 O
contra la población por querer votar en el Referéndum, de las múltiples torpezas cometidas y las
posibles consecuencias que se deriven del recurso que eleve el Govern ante el
TEDH. Se percibe una sensación de tranquilidad que mueve a sospechar que en el Ministerio de Justicia no han entendido las consecuencias que se derivarán de la sentencia que el Supremo ya tiene redactada. El gobierno no tiene propósito de
la enmienda, sino que se afianzan en sus ansias de apretar el nudo de la soga
que han puesto al cuello a los independentistas para castigar a los revoltosos
que quieren abandonar la patria
y que paguen por incumplir la
Constitución. No terminan de entender que esa es la respuesta del necio prepotente:
mantenella y no enmendalla. Los jueces ignoran que a la ciudadanías catalana el
contenido de la sentencia les es
indiferente: que lo crítico es que se celebre el juicio y la sentencia, pues es condición necesaria para recurrir al TEDH. Deberían intuir los términos
de la de Estrasburgo. Además, que contra
la misma ya no cabe recurso y es de
obligado cumplimiento en todos sus términos. Entre ellos: plenas garantías de
que los presos quedarán libres y
los exiliados volverán a Catalunya con sus derechos intactos. Como
consecuencia de ello el Gobierno Central y el Govern acordarán los procesos adecuados encaminados a negociar
una salida justa del conflicto. Habrá
que evacuar asuntos importantes pendientes, como la presencia del juez Llarena
ante un juzgado de Bélgica denunciado los acusados
de falta de independencia en la instrucción del Procés. Todo ello hace
suponer que el juicio del 12 F.
va a convertirse en una ratonera porque el rigor del Supremo quiere imponerse a los principios de derecho de los tribunales europeos. Cabría la
posibilidad remota de que la sentencia fuera absolutoria ante la vigilancia de
los tribunales europeos, pero supondría contradecir todas las tesis
tradicionalmente mantenidas por la
justicia española.
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