PAGAR IMPUESTOS JUSTOS, OBLIGACIÓN MORAL
Según informes de la UE, la presión fiscal efectiva en
España es seis puntos porcentuales inferior a la media de la UE 27. Siendo en
2013 el PIB 1,393 billones de €, esa
diferencia de presión supondría unos 84.000 millones que no se recaudan. Si,
además, según estudios solventes, el fraude fiscal estimado está entre los 45.000 y 90.000 millones, es obvio que si España estuviera
en la media de presión fiscal y se
combatiera realmente el fraude, se podría evitar el grave impacto en los servicios sociales que afecta a la
población más vulnerable. Ese es el
efecto positivo de los impuestos elevados y justos en otros países con
gobiernos honestos. En realidad, los tipos impositivos en España son
equivalentes a los de la UE, pero la corrupción, el amiguismo y la ineficiente inspección
resulta que la recaudación no se
corresponde con la que debería. Por tanto, no son los tipos los que tendrían
que elevarse, sino perseguirse con rigor
y ejemplaridad la evasión fiscal, pero no tanto al que tiene que hacer
equilibrios para supervivir, sino al delincuente “white collar” que tiene su
patrimonio en paraísos fiscales y, llegado el caso, Hacienda les favorece con
amnistías. Sin olvidar el elemental silogismo fiscal: como el gobierno tiene que
recaudar para atender sus compromisos, si no lo exige a quienes se debe, tendrá que esquilmar a los que no pueden evadirse. Hay
que actualizar la estructura impositiva
bajo el principio de la capacidad
económica. Ese objetivo se materializa potenciando los impuestos directos, que
operan en función de las circunstancias personales del contribuyente. Los
indirectos deberían rebajarse en tramos para las rentas inferiores, lo que
supondría una reducción de la presión para esos colectivos. Así pagarían más los
que ahora lo eluden porque saben torear a los inspectores o amenacen con llevarse sus fortunas a otros
países más “benévolos”, fiscalmente. La solución es muy elemental y poco que inventar; lo arriesgado
es atreverse a implantar un sistema fiscal moderno, progresivo y justo para que el coste de los servicios públicos sea soportado
con equidad. En Euskadi y Nafarroa, según estudios de organismos
independientes, la presión fiscal es
superior a la española a pesar de los “argumentos objetivos” de los prestigiosos
“catedráticos centralistas” y de
Montoro, que consideran el Concierto y el
Cupo privilegios.
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